Demandamos Planes que pongan fin a la pobreza y exclusión social en la que se encuentra el colectivo juvenil
Los primeros datos sobre el empleo durante el estado de alarma muestran una gran caída de la tasa de actividad, una caída de la tasa de empleo y un aumento de la tasa de paro juvenil.
A finales de 2019, la tasa de actividad era del 51,6%, mientras que en el segundo trimestre de 2020 descendió hasta el 46,9%. Al mismo tiempo, la tasa de paro aumentó 6,2 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2019, hasta situarse en el 27,5% en el segundo trimestre de 2020. Y, además, durante este periodo, sólo 3 de cada 10 personas de entre 16 y 29 años estaban trabajando, después de una fuerte caída interanual de 7,1 puntos, situándose la tasa de empleo en el 34,0%.
Aunque en Castilla y León, la entrada al mercado laboral de la población joven suele ser por cuenta ajena, en la línea de la precariedad laboral, la situación actual también ha afectado a las personas autónomas jóvenes. Debido a la crisis sanitaria, muchas personas autónomas, a pesar de tener un negocio viable, están en riesgo de pobreza o exclusión social tras la reducción de sus ingresos durante este periodo. Afectando todo ello con especial énfasis, a las personas autónomas jóvenes con menos ahorros.
El escenario en el que nos encontramos está generando otros problemas como tensión económica, incertidumbre sobre el futuro (estudios y salidas laborales), frustración (esta generación habrá nacido y crecido con la crisis de 2008 y vivirá otra crisis), desmotivación (que se podrá traducir en desmotivación y apatía con instituciones) o trastornos de salud mental.
Por todo ello, es fundamental apostar por Políticas de Empleo Juvenil, que frenen la tasa de paro, el éxodo de talentos y que posibiliten al colectivo juvenil unas condiciones laborales y empleos con remuneraciones no precarias que faciliten una estabilidad con el fin de poder asentar población en Castilla y León, así como priorizar en planes que aborden la salud mental del colectivo joven.