Este miércoles 5 de noviembre, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, con la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León, ha presentado los datos del Estudio sobre Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre en Castilla y León.

Desde hace más de cuarenta años, las Escuelas de Tiempo Libre constituyen una parte esencial de la educación no formal en Castilla y León. Han sido, y continúan siendo, espacios donde miles de jóvenes encuentran su primera experiencia educativa, su primer compromiso social y su primera oportunidad de participación.

El informe, resultado de la colaboración de 20 escuelas de toda la comunidad, analiza su situación actual tras la aprobación del Decreto 21/2023, de 19 de octubre. El estudio identifica sus principales retos, necesidades y aportaciones en el ámbito de la educación no formal, a partir de datos cuantitativos y cualitativos que ofrecen una visión amplia y documentada.

Sandra Ámez Sáez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, subraya que este documento va más allá de ser un simple diagnóstico, ya que “constituye una radiografía de la situación actual de las Escuelas de Tiempo Libre y una llamada a impulsar cambios futuros”. Por su parte, Enrique Cabero Morán, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, pone en valor el trabajo conjunto con el Consejo de la Juventud y la reciente firma del protocolo de colaboración que permitirá la elaboración de más informes como este.

Atendiendo a su régimen de titularidad, el 85 % de las escuelas son de carácter privado sin ánimo de lucro, frente al 15 % que pertenecen al ámbito público. El peso mayoritario de las entidades privadas pone de relieve la importancia del tejido asociativo y del voluntariado para sostener esta red. Por otro lado, la diversidad de las escuelas refleja un sector plural, pero también exige que las normativas y los recursos se adapten a esta pluralidad.

En lo que respecta al nuevo Decreto 21/2023, de 19 de octubre, el 70% de las escuelas ya se han adaptado y un 20% se encuentra en proceso de adaptación, lo que demuestra su compromiso con la formación juvenil en Castilla y León. Sin embargo, este esfuerzo no ha estado exento de tensiones. Nueve de cada diez escuelas reportan dificultades vinculadas al exceso de burocracia, la falta de claridad normativa y de adecuación en infraestructuras y herramientas digitales, así como una comunicación insuficiente con la administración. En relación con este último aspecto, el 35 % de las escuelas considera escaso el apoyo institucional, cuya valoración media apenas alcanza un cinco sobre diez.

También reconocen una rigidez en cuanto a los requisitos del profesorado. En este sentido, el Decreto 21/2023, de 19 de octubre, reclama que el personal docente cuente preferentemente con una titulación oficial expedida por la Junta de Castilla y León. Numerosas escuelas advierten que esta exigencia supone una barrera operativa, debido al elevado coste de obtención de la titulación, la limitada oferta formativa y la dificultad para homologar experiencias previas u otros estudios afines.

Por otro lado, el 75 % de las escuelas considera injusto el proceso de adaptación al sistema de Certificados de Profesionalidad, al no reconocerse la experiencia del sector y favorecer al ámbito empresarial, que sí puede asumir los nuevos costes y exigencias. Esta situación supone un alejamiento del espíritu educativo y voluntario que caracteriza a las Escuelas de Tiempo Libre.

Además, rechazan un proceso adicional de acreditación para obtener el Certificado de Profesionalidad y reclaman un reconocimiento automático o un procedimiento ágil y gratuito. Predomina, por tanto, la sensación de que la norma se ha diseñado más desde la gestión administrativa que desde la realidad de la educación no formal.

El Decreto también ha provocado un cambio notable en el perfil del alumnado, que llega con menos experiencia previa en ocio y tiempo libre, con el objetivo exclusivo de obtener la titulación sin una motivación vocacional o formativa. Asimismo, ha alterado la oferta formativa: el 60 % de las escuelas ha adaptado o está adaptando su programación, y el 45 % declara que los nuevos requisitos afectan negativamente a la viabilidad de sus cursos. Por otra parte, la pérdida del componente vivencial de la formación ha desmotivado al alumnado, provocando una caída de la demanda en casi la mitad de las escuelas desde la implantación del Decreto.

Por último, el informe plantea una adaptación normativa más justa con subvenciones autonómicas estables para las Escuelas de Tiempo Libre, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y precios públicos asequibles para los cursos oficiales. Además, insta a la colaboración con diputaciones y ayuntamientos, así como la financiación de los cursos de profesorado y dirección, el reciclaje pedagógico y los procesos de acreditación por experiencia, entre otras propuestas.